Abogado de Defensa por Lavado de Dinero Federal

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Un cargo federal de lavado de dinero puede ser complicado y estresante. La ley federal de lavado de dinero cubre las transacciones financieras que involucran dinero proveniente de cierta actividad delictiva especificada, cuando la transacción se hace con ciertos fines prohibidos o involucra más de $10,000. Las penas incluyen condenas de prisión de hasta 20 años y multas sustanciales, por lo que es importante hablar con un abogado desde temprano.

En Touma Law, nuestros abogados representan a personas que enfrentan cargos federales de lavado de dinero. Nuestros abogados de defensa federal pueden revisar los detalles de su caso, examinar la evidencia y conversar con usted sobre sus opciones. La información general de esta página no es asesoría legal. Un abogado con licencia en Carolina del Sur de la firma debe revisar los hechos de su caso antes de que usted dependa de ella.

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Cómo funcionan los cargos federales de lavado de dinero

Las leyes federales contra el lavado de dinero apuntan a la práctica de disfrazar el origen del dinero obtenido mediante actividad delictiva. Los dos estatutos principales son 18 U.S.C. § 1956 y 18 U.S.C. § 1957, que fueron añadidos por la Ley de Control del Lavado de Dinero de 1986 (Money Laundering Control Act) como parte de la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986.

Según el § 1956(a)(1), una persona es culpable si sabe que los bienes involucrados en una transacción financiera representan el producto de alguna forma de actividad ilícita, realiza o intenta realizar una transacción financiera que en realidad involucra el producto de una “actividad ilícita especificada” (specified unlawful activity) y lo hace con uno de los fines enumerados. Esos fines incluyen:

  • la intención de promover la continuación de una actividad ilícita especificada;
  • la intención de cometer ciertos delitos tributarios bajo el Código de Rentas Internas;
  • saber que la transacción está diseñada, en todo o en parte, para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, el origen, la propiedad o el control del producto; o
  • saber que la transacción está diseñada para evitar un requisito de informe de transacciones bajo la ley estatal o federal.

El § 1957 es distinto. Cubre participar o intentar participar, a sabiendas, en una transacción monetaria con bienes de origen delictivo de un valor mayor de $10,000 que provienen de una actividad ilícita especificada. El gobierno no tiene que probar que la persona sabía que el delito de origen era una actividad ilícita especificada (§ 1957(c)).

Quien conspira para cometer un delito bajo el § 1956 o el § 1957 queda sujeto a las mismas penas que el delito que era el objeto de la conspiración (18 U.S.C. § 1956(h)). El gobierno no tiene que probar un acto abierto (overt act) para condenar por una conspiración del § 1956(h) (Whitfield v. United States, 543 U.S. 209 (2005)).

El lavado de dinero es un delito grave (felony). Además de las penas penales, el gobierno puede buscar el decomiso de los bienes involucrados en el delito. Las leyes federales de lavado de dinero se aplican a una amplia gama de transacciones, incluidas las que involucran bancos, transferencias electrónicas, casas de cambio y otras instituciones financieras. Agencias federales como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) pueden investigar estos casos, y los fiscales federales presentan los cargos.

¿Cuáles son las penas por lavado de dinero?

Los estatutos fijan estas penas máximas:

  1. Sección 1956: Una multa de hasta $500,000 o el doble del valor de los bienes involucrados en la transacción, lo que sea mayor, o prisión de hasta 20 años, o ambas (§ 1956(a)(1)).
  2. Sección 1957: Una multa según el Título 18 o prisión de hasta 10 años, o ambas. El tribunal puede imponer una multa alternativa de hasta el doble del monto de los bienes de origen delictivo involucrados (§ 1957(b)).
  3. Decomiso (forfeiture): Ante una condena bajo el § 1956 o el § 1957, el tribunal debe ordenar el decomiso de cualquier bien involucrado en el delito, o de cualquier bien que se pueda rastrear a él (18 U.S.C. § 982(a)(1)).
  4. Restitución: Cuando una víctima identificable sufrió una pérdida económica por un delito cubierto por 18 U.S.C. § 3663A, el tribunal debe ordenar restitución a esa víctima.
  5. Libertad supervisada (supervised release): Después de una pena de prisión, el tribunal puede ordenar libertad supervisada con condiciones que fija el tribunal (18 U.S.C. § 3583).

Estos son máximos. La sentencia real depende del cálculo de las Pautas de Sentencia (Sentencing Guidelines), de los factores que el tribunal considera según 18 U.S.C. § 3553(a), del monto de dinero involucrado y del papel que se determine que tuvo el acusado. También aplican los límites de multa de 18 U.S.C. § 3571.

Una condena federal por lavado de dinero puede tener efectos duraderos. Quien enfrenta un cargo de delito grave debe hablar con un abogado que pueda revisar el estatuto específico imputado.

Evidencia que se usa para probar el lavado de dinero

La evidencia que usa el gobierno varía según el caso. Algunos ejemplos comunes son:

  1. Registros financieros: Estados de cuenta, registros de transferencias electrónicas y otros documentos que muestran el movimiento de fondos.
  2. Testimonio de testigos: Testimonio de personas que participaron en las transacciones o las presenciaron, como empleados de bancos o coacusados.
  3. Evidencia documental: Contratos, correos electrónicos y otros escritos que el gobierno dice que muestran el propósito de las transacciones.
  4. Grabaciones de vigilancia: Video de personas que, según el gobierno, intercambiaban dinero o realizaban transacciones sospechosas.
  5. Análisis de contabilidad forense: Examen de los registros financieros por contadores forenses para buscar patrones que, según el gobierno, apuntan a un lavado.
  6. Operaciones encubiertas: Evidencia de operaciones tipo “sting”. Según el § 1956(a)(3), una transacción que involucra bienes que un agente del orden presentó como producto del delito puede imputarse aunque esos bienes en realidad no fueran producto del delito.
  7. Declaraciones: Declaraciones del acusado o de coacusados que, según el gobierno, muestran que conocían el esquema.

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El gobierno debe probar cada elemento del delito imputado más allá de toda duda razonable, incluido que el acusado actuó a sabiendas. Un abogado de defensa puede cuestionar si la evidencia es suficiente y si puede usarse en el juicio.

¿Cómo se puede defender de los cargos de lavado de dinero?

Las estrategias de defensa dependen de los hechos del caso y del estatuto imputado. Algunos ejemplos comunes son:

Falta de intención o de conocimiento

Según el § 1956(a)(1), el gobierno debe probar que el acusado sabía que los bienes involucrados representaban el producto de alguna forma de actividad ilícita y que actuó con uno de los fines enumerados. Un abogado de defensa puede argumentar que el acusado no sabía que los fondos provenían de una actividad delictiva o no tenía la intención de ocultar nada. Esto puede implicar evidencia de que el acusado no participó en el delito de origen ni sabía de él.

Falta de evidencia suficiente

Un abogado de defensa puede cuestionar la evidencia del gobierno y argumentar que no establece cada elemento más allá de toda duda razonable. Esto puede implicar revisar registros financieros, datos de transacciones y otra evidencia para encontrar debilidades o inconsistencias.

Violaciones constitucionales

Un abogado puede pedir al tribunal que suprima la evidencia obtenida mediante registros o incautaciones ilegales en violación de la Cuarta Enmienda. Si las autoridades obtuvieron evidencia de forma ilegal, por ejemplo mediante un registro sin orden judicial o una intervención telefónica sin la autorización debida, el tribunal puede excluirla.

Entrampamiento (entrapment)

En algunos casos, un acusado puede argumentar que las autoridades lo indujeron a realizar una conducta que de otro modo no habría realizado. Un abogado de defensa puede presentar evidencia que respalde una defensa de entrampamiento.

Preguntas sobre el alcance del estatuto

La ley federal de lavado de dinero tiene límites. Por ejemplo, la conducta fuera de los Estados Unidos queda cubierta solo si cumple las condiciones del § 1956(f): que la conducta sea de un ciudadano de los Estados Unidos o, si no es ciudadano, ocurra en parte en los Estados Unidos, y que las transacciones involucren fondos o instrumentos monetarios de un valor superior a $10,000. Un abogado puede examinar si el gobierno puede alcanzar la conducta imputada.

una foto del estrado de un juez

Estos son solo ejemplos. Qué estrategia conviene depende de los hechos y las circunstancias únicos de cada caso, por lo que es importante trabajar con un abogado para revisar la situación específica.

¿Pueden acusarme de lavado de dinero si no sabía que los fondos provenían de una actividad ilegal?

Los fiscales pueden presentar un cargo según lo que creen que muestra la evidencia, pero una condena bajo el § 1956 exige prueba de que la persona sabía que los bienes representaban el producto de alguna forma de actividad ilícita. El estatuto define ese conocimiento como saber que los bienes provenían de alguna forma, aunque no necesariamente de cuál, de una actividad que constituye un delito grave bajo la ley estatal, federal o extranjera (§ 1956(c)(1)). Es decir, la persona no tiene que saber cuál fue el delito específico que produjo el dinero, pero el gobierno sí tiene que probar que sabía que el dinero provenía de una actividad delictiva.

El § 1957 también exige que la persona actúe a sabiendas. No exige prueba de que la persona supiera que el delito de origen era una “actividad ilícita especificada” (§ 1957(c)).

El gobierno puede intentar probar el conocimiento a partir de las circunstancias, como la forma en que se estructuraron las transacciones o lo que dijo el acusado. Si la evidencia de un caso concreto es suficiente es una cuestión que un abogado puede examinar.

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Enfrentar un cargo federal de lavado de dinero puede ser abrumador, pero no tiene que pasar por esto solo. Nuestros abogados representan a personas acusadas de lavado de dinero federal.

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Adam Touma
Adam Touma

Adam Touma es un abogado de defensa criminal reconocido en Carolina del Sur con una amplia experiencia en la defensa de los derechos de sus clientes. Como socio fundador de Touma Law Group, se especializa en una amplia gama de casos criminales, desde delitos menores hasta litigios federales complejos, ofreciendo una representación legal tenaz y dedicada.


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